El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292, que establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura, y el saneamiento, son un derecho humano esencial para el disfrute completo de la vida y la realización de todos los derechos humanos.
En esta resolución, la ONU hace un llamado a “los Estados y Organizaciones internacionales a proveer los recursos financieros y tecnológicos, a través de asistencia y cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, para aumentar los esfuerzos para suministrar agua potable, segura y saneamiento para todos”.
El abastecimiento de agua a todas las personas debe ser accesible, continuo, asequible, suficiente y con técnicas de control estandarizadas que evalúen su riesgo y certifiquen su calidad.
Los Estados tienen la obligación de:
- Garantizar el acceso a una cantidad mínima de agua potable y suficiente para satisfacer las necesidades personales y domésticas, y para prevenir enfermedades.
- Asegurar que el acceso a los servicios de suministro de agua y saneamiento baásico se realice sin discriminación, especialmente a personas o grupos en situación de vulnerabilidad y marginalidad como niños, ancianos y mujeres.
- Velar por la distribución equitativa de las instalaciones y servicios de suministro y saneamiento.
- Ejecutar programas de agua que protejan a las personas o grupos vulnerables y marginados.
Fuente: www.un.org
